Justicia, verdad y reconciliación

Hoy 28 de agosto, se cumplen diez años de la conclusión del mayor esfuerzo oficial de revisión histórica realizado en nuestra vida republicana. El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, allende de las inexactitudes y errores metodológicos comprobados, no ha perdido vigencia. De ahí quizás que sus incluso sus más francos detractores sigan hablando del tema. Hoy en día se discute si es conveniente proseguir los lineamientos trazados en el Informe final. Quisiera aclarar este punto en el sentido de que debería ser evidente. La falta de claridad en el asunto evidencia una de las más urgentes tareas pendientes de cara a las secuelas del tiempo del terror.

Su importancia gravita principalmente en que no sólo es un esfuerzo de acopiar los datos de una guerra cualquiera. La CVR partió con la misión visionada por el gobierno del fallecido expresidente Paniagua de que los peruanos vivíamos a espaldas y en silencio de una realidad conocida por muchos de manera parcial. Difícil de rebatir esto cuando se leen los testimonios dejados como gran patrimonio en el informe. No obstante, la Comisión también fue propuesta como un mecanismo reintegrador, de reconciliación nacional, finalidad sin la cual pierde sentido la búsqueda de una luz sobre estos execrables hechos.

Una de las situaciones evidenciadas por el Informe fue cómo el escalamiento de la violencia se alimentó de la impunidad de los perpetradores aunada a la exclusión de un gran sector de la población nacional que constituyó el grueso de las víctimas. Una definición de terrorismo que devela bien su sangriento accionar es la que la sindica como la táctica bélica que aleatoriza la muerte, desvaneciendo la identidad de las personas para generar un estado de miedo que le permita someter a la población. Este ha sido, innegable y abominablemente, el principal accionar de Sendero Luminoso, pero también ha sido, para vergüenza de la república, una forma de actuar que emplearon efectivos del ejército avalados e incluso ordenados por altos mandos de las fuerzas armadas. Hay quienes protestan la sindicación de efectivos militares pues argumentan que con esto se afecta el honor de los policías y soldados que pusieron en riesgo su vida e incluso la perdieron por detener la locura del partido de Abimael. Este argumento es contrafáctico pues el Informe incorpora claros indicios y pruebas de asaltos contra pueblos enteros muchas veces gatillada por sospechas débiles de presencia terrorista. Sirva también el informe para recordarnos que no fue la arremetida a tontas y locas lo que permitió detener a Sendero, y que la matanza impune de personas inocentes no ayudó a capturar un solo senderista. Muy por el contrario, fueron la inteligencia policial, las rondas campesinas y el diseño de incursiones militares contrainsurgentes en base a las informaciones de la inteligencia militar.

La guerra del terror dejó detrás miles de muertos, si son 70 mil o 20 mil en nada reduce la barbarie de estas acciones. A estas víctimas mortales ninguna acción puede devolverles la vida. Nuestra única reparación posible es recuperar la memoria de ellos, particularmente de los más indefensos y de los valientes. Diez años después vemos que no tenemos una institución matriz encargada de difundir permanentemente los eventos vividos en estas dos décadas de horror. Por otro lado, hay por quienes podemos hacer mucho y debemos hacerlo urgentemente por los supervivientes del conflicto. Con ellos está nuestro deber más apremiante de cara a las secuelas de los tiempos duros; si fueron la impunidad y la exclusión los ingredientes de la barbarie, jamás habrá reparación para con ellos si no se judicializan los casos de violaciones de derechos humanos. Lamentablemente, la acción del estado parece haber ido a la contraria según la información de la Defensoría del Pueblo. En diez años, el Estado sólo ha sido capaz de impulsar una magra inversión en reparaciones colectivas, dinero pésimamente invertido por cierto, mientras que los juicios se hallan estancados. Hay que despertar como ciudadanos, pues sólo este camino le dará sentido al esfuerzo de la reconciliación nacional.

Finalmente, se ha recomendado también diversas medidas encaminadas hacia las reformas públicas que resarzan la desigualdad, la discriminación y la ausencia del Estado en el medio rural. Estas medidas no pueden dejarse de lado, pues están destinadas a restituir la igualdad civil y el sentido de la justicia en nuestro país. Por ello, están llamadas a encarnarse en el núcleo de una agenda política nacional para convertirnos finalmente en un Estado de derecho, justo con todos sus ciudadanos y de paz.