He descrito cuál es la situación de las ideas entorno a la ciudadanía por una razón. Todo el discurso electoral ha adquirido un tono politológico y economicista que impide entender nuestro principal problema como sociedad, a saber, la debilidad de una cultura política liberal. Ninguna referencia democratizadora se encuentra entre los diferentes discursos de los candidatos de derecha o de izquierda. Desde Keiko Fujimori hasta Verónica Mendoza el discurso político se ha concentrado en los aspectos funcionales sea dentro de la dinámica del mercado o dentro de la dinámica del Estado. Ambas tendencias suponen una reducción de la idea de ciudadanía que debilita en última instancia a la democracia misma.
Por cultura liberal no pretendo significar aquella tesis harto conocida según la cual la libertad se mide únicamente por el grado de no interferencia que tienen los sujetos en la toma de decisiones, esto es, su libertad negativa. Dicha tradición —cuya forma más articulada lleva el nombre de libertarismo— es precisamente el marco conceptual que justifica el aparato de instituciones neoliberales. El neoliberalismo no juega ningún papel en una cultura política liberal. El liberalismo político es una familia de ideas que pone acento en el principio moral de libertad individual y no en los intereses particulares. Esto significa que la diferencia se haya en la forma en que se interpreta la libertad. El neoliberalismo toma la libertad sólo como un medio para la consecución de un estado social felicitario (siguiendo el utilitarismo de Bentham); por otro lado, el liberalismo político considera que la libertad no sólo es el arreglo más adecuado de la vida social sino que es su fundamento, esto es, que se trata del arreglo más básico en el que se funda la vida social, y por tanto, se trata de un tipo particular de constitución. Así los intereses particulares se subordinan a los principios en los que se funda tal constitución. La libertad no es vista en oposición al Estado —en el binomio público-privado—, sino en el equilibrio de una razón pública que expresa en última instancia esa libertad fundacional. Como vemos este liberalismo político no es un liberalismo de mercado sino una concepción sobre las relaciones políticas y sociales de la democracia constitucional.
Regreso a la campaña electoral. Podría alguien objetar que los problemas de la economía o la inseguridad necesitan una atención inmediata. Lo urgente es enemigo de lo importante. Fortalecer las instituciones democráticas es sin duda importante pero los problemas económicos, en medio de un escenario nada favorecedor, requieren todos nuestros esfuerzos. Si todo esto fuera cierto habría que pensar que la democracia no es prioritaria, que puede subordinarse a la estabilidad económica o peor aún que no es necesaria para la vida política de un país. Pero nada de ello es admisible, es más, dicha idea evidencia sino una lasitud negligente, un deliberado interés en legitimar la estratificación social. Pero tampoco se trata de una elección. La democracia supone una redistribución de la riqueza equilibrada y justa que permite a las personas desarrollar sus propios planes de vida de forma adecuada.
Uno de los mayores peligros que corremos como sociedad es que este tránsito hacia una cultura liberal no pueda consolidarse en los próximos años críticos. Con una recesión ascendente los problemas sociales se agudizan y es entonces cuando los proyectos antidemocráticos cobran protagonismo. No sólo la economía ha estado en piloto automático en los últimos 10 años, sino también ciertas convicciones políticas. Creer que la democracia es un estado constitucional únicamente y no una práctica viva es un error que han cometido todos los políticos tradicionales. Sin la presencia de partidos políticos, instituciones transparentes, movimientos ciudadanos democratizadores, derechos políticos y sociales; sin, en suma, un conjunto de articulaciones políticas que pongan su centro de atención no en la capacidad productiva o de consumo de los sujetos sino en su condición moral como fines de la sociedad, sin ello digo, lo que nos espera será una democracia de membrete.
¿Cómo podríamos conseguir fortalecer la democracia? Sin duda es la gran pregunta que nos toca hacer. Es cierto que tenemos problemas como el de la inseguridad, la educación o la corrupción que son cada vez más apremiantes, no obstante, la forma de su abordaje, según el discurso electoral, no pasa por poner mayor poder en las manos de los ciudadanos sino en una variante refinada de clientelismo. Por ejemplo, se ha hablado de educación con la fórmula invertir en las personas como si éstos fueran activos de alguna índole que reportarán beneficios tanto individuales como colectivos. Tal consideración olvida que la educación sirve para vehicular el descubrimiento y desarrollo de las potencias personales. Que todo ello pueda canalizarse en alguna actividad productiva que sirva para el sostenimiento del propio individuo es algo que puede o no corresponderse con el contexto en el que se vive. A contrapelo de ello, en lo que se piensa aquí es en los números macroeconómicos, en cómo un ingeniero con una beca en alguna universidad japonesa puede volverse mucho más productivo. Del mismo modo cuando se habla de inseguridad se piensa en incrementar las penas o se pone el acento en la represión policial, y el problema real estriba en un conjunto de poderes que corren en paralelo al poder legítimo del Estado. Estos poderes alternos florecen cuando los ciudadanos se encuentran desposeídos de sus derechos y de una relación apropiada con el único legitimado para ejercer coerción, el Estado. Así el problema de la inseguridad tampoco pasa por hacer populismo sino que demanda una respuesta pensada en términos de la vida institucional y política de un país. En resumen, ninguna respuesta a estos problemas puede prescindir de un enfoque normativo que ponga en el centro el principio moral sobre el que se sostiene una democracia constitucional, a saber, una libertad individual sustantiva. Ninguna fórmula mágica dispuesta verticalmente reemplaza la estabilidad de un país forjada por sus propios ciudadanos libres e iguales en derechos, oportunidades y accesos no sólo para el sostenimiento de ellos mismos sino también de las generaciones venideras.
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