Los economistas: entre lo social y lo público

Tecnocracia neoliberal. (Fuente: Humor histórico)

Una semana antes del nombramiento del primer gabinete que acompañará al gobierno de PPK, el congresista reelecto Víctor Andrés García Belaunde lanzó un comentario que generó cierto revuelo: “Los tres personajes más importantes del futuro gobierno son economistas. Presidente, Presidente del Consejo de Ministros y Economía. ¿Quién se ocupará de lo social?”. Tras una lectura ligera del comentario, podríamos presumir que la preocupación de este congresista radica en el poco compromiso que guardan algunos economistas con los temas de justicia y las instituciones de cooperación social. Esto es relevante dada la situación por la que pasa la disciplina económica (tras la última gran crisis financiera de 2008 y 2009) y por el peso político que los economistas han ido ganando en la vida pública del país.

Las respuestas al comentario de dicho congresista aparecieron de inmediato. En el blog de Voz Actual, uno de sus columnistas se lanzó de manera temeraria a escribir una Carta pública a Vitocho, en la que señala que la práctica económica va más allá del simple manejo de cuentas y números. Para este columnista, el ejercicio del economista queda signado por la naturaleza de la disciplina económica (es una ciencia social) y por la forma como esta ha ido tomando lugar en la gestión de instituciones políticas y gubernamentales encargadas de los servicios públicos como salud, educación, entre otros. Evidentemente, no duda en resaltar la labor del ministro de Educación, cuyo conocimiento en la toma de decisiones ha servido para lograr mejoras inmediatas en dicho sector.

Por su parte, el columnista y economista Augusto Álvarez Rodrich desarrolló una Defensa del economista, en la que atribuye el mayor peso de los economistas en la vida política a los buenos resultados de la política económica desde 1990. En comparación a este fenómeno, señala el decaimiento de la presencia de los abogados en las instituciones públicas y los pésimos resultados que estos y los políticos han ido obteniendo en otros sectores de gobierno como el de justicia o en la estructura política en general. Asimismo, rechaza la idea de considerar al economista como “cajero”, puesto que en la práctica este guarda cierto compromiso con temas sociales. Puestos así, da la impresión de que en ambos artículos se asume que las decisiones de los economistas en materia de política social y económica son inherentemente efectivas y poseen imparcialidad política.

Estas consideraciones son objetables. En primer lugar, la visión de los economistas que gestionan las políticas públicas se ve influenciada por sus creencias e intuiciones sobre lo político, cierta teoría de la sociedad (por ejemplo, la teoría de la acción racional o la idea de que toda forma de relación social refleja una decisión racional y maximizadora de beneficios) y la teoría económica a la que corresponda su formación (teoría económica neoclásica, para la mayoría de economistas del gremio nacional). Estos tres elementos aparecen como un entramado de creencias que guían la forma como proceden los burócratas. Sería cándido pensar que toda decisión de política pública está libre de este tipo de creencias o suposiciones. Es más, algunos economistas ideológicamente consideran que muchas de estas suposiciones son absolutamente verdaderas y no deben someterse a prueba (por ejemplo, se les hace difícil creer que las decisiones políticas respondan al compromiso ciudadano y, más bien, suponene que responden a una maximización de utilidad). También, la idea de que la tecnocracia económica no tiene ningún interés político ni cuenta con ninguna vinculación partidaria es criticable. Valdría la pena revisar la trayectoria personal de cada miembro del gabinete (es paradigmático el caso de Cayetana Aljovín, quien tuvo una participación criticable en el proceso de privatización de empresas estatales durante la dictadura de Fujimori).

Asimismo, distintos trabajos brindan elementos que refuerzan la crítica anterior: Francisco Durand (2003, 2010) ha esbozado el concepto de la “puerta giratoria” para resaltar la relación entre cierto grupo de economistas, abogados y otros expertos y los intereses de la clase empresarial peruana; Antonio Zapata (2016), ha reconstruido la imagen de una derecha tecnocrática impulsada por economistas como Pedro Beltrán y Manuel Ulloa; el profesor Germán Alarco (2015) presenta su idea de la tecnopolítica económica señalando que el pensamiento de los economistas de diferentes carteras se ve impregnado por componentes ideológicos y por lo que él llama un paradigma de política económica.

Otro punto cuestionable respecto a la controversia inciada por Vitocho tiene que ver con las razones por las que se pretende sobreestimar las cualidades operativas de los economistas. El argumento que enfatiza su mayor y mejor experiencia en gestión gubernamental es débil y debatible. Muchos médicos, profesores o abogados pueden obtener una formación similar en gestión pública. Se podría decir que estos comentarios sólo prentenden resaltar la dimensión administrativa de los ministerios, cuando en realidad en ciertos sectores es indispensable que sean los profesionales relacionados directamente con la temática quienes influyan de manera más provechosa.

Algunos objetarán que en la actualidad los planes de gestión de diferentes instituciones gubernamentales cuentan con una visión multidisciplinaria que hace indispensable la participación de profesionales de distintas especialidades. Sin embargo, aunque la gestión parta de una perspectiva de este tipo, en muchos casos la visión tiende a supeditarse a las prerrogativas de la esfera económica. No debe sorprender que se haga peligrosamente cotidiano el hecho de que la salud o la educación se lean en términos de su rentabilidad social, en vez de responder a criterios que no se pueden medir como la paz pública o el bienestar (diferenciándola del simple aumento de utilidad). Ni si quiera el ministerio encomendado a Jaime Saavedra podría salvarse de este cuestionamiento: sus logros se han medido en capacidad de gasto corriente e inversión en infraestructura escolar, pero nadie se pregunta qué elementos se han omitidio en la Nueva Currícula Nacional, por la democratización y universalización de la educación, ni por la situación de las normales o las facultades de educación en el Perú.

La visión acrítica de la labor del economista la entroniza como elemento indispensable para mejorar el desempeño de la estructura burocrática y, por ende, hacer más funcional el sistema político presente. Sin embargo, no señala cuál es el papel que juegan los economistas en la democratización de nuestra sociedad ni su contribución a las formas de gobierno que reproducen las prácticas injustas. No se debe olvidar que las políticas responden a criterios técnicos solamente en relación a su operatividad. Adicionalmente, en una sociedad democrática, la validez y justificación de estas políticas ha de someterse al escrutinio de la sociedad civil a la cual el Estado le debe su soberanía misma. De no ser así, ninguna política económica ni social podría someterse a revisión por parte de ninguna asociación, sindicato, gremio, o colectivo. En vez de entrar en una defensa encarnizada de nuestra labor, los economistas deberíamos someter a un mayor escrutinio el conjunto de ideas y creencias con la que nos estamos formando y que se están plasmando en las decisiones de política. La repolitización de los problemas sociales no es pecado.

                    
*En la preparación de este breve texto me he beneficiado de los valiosos comentarios de Luan Sánchez Pérez (economista, socióloga e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico) y Abel Puerta Alarcón (economista e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico).

Alarco, Germán (2015). Tecnopolítica económica. Análisis y propuestas. Lima: Fondo editorial de la Universidad del Pacífico.
Durand, Francisco (2003). Riqueza económica y pobreza política. Reflexiones sobre las élites del poder de un país inestable. Lima: Fondo editorial de la PUCP.
Durand, Francisco (2010). La mano invisible en el Estado. Crítica a los neoliberales criollos. Lima: Fondo editorial del Pedagógico San Marcos.
Zapata, Antonio (2016). Pensando a la derecha. Lima: Editorial Planeta.